Mientras las familias creamos que el problema de tener un adicto en casa es nuestro, no esperemos que nadie venga a ayudarnos.
Podemos comprobar lo que la sociedad española sabe de las adicciones leyendo el PLAN DE ACCIÓN SOBRE ADICCIONES 2021–24
Reuniéndose muchos expertos, entidades, Comunidades Autónomas, Comisiones Sectoriales, centros directivos del Ministerio de Sanidad, otros departamentos de Administración General del Estado
Esa reunión de expertos determina:
Que «el sistema de información no muestra cambios dramáticos en los últimos años»
Que en 2024 se habrá reducido las adicciones:
Nos alegramos que en PLAN DE ACCIÓN SOBRE ADICCIONES 2021–24 de España tengan este optimismo profético:
No entendemos este optimismo, cuando el propio Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones ESTADÍSTICAS 2022 se pueden ver estadísticas como está:
Aunque ciertas competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas, veremos dos noticias recientes de la Comunidad Valenciana
Pero primero la realidad que conocemos las familias de los adictos, existen las Unidades de Conductas Adictivas, es un centro sanitario en la que un psiquiatra administran medicamentos, en La Comunidad Valenciana hay 33 Unidades de Conductas Adictivas para una población de más de 5.100.000 habitantes, sale una UCA para 154.000 personas
Cuando comentas en la UCA que si esto es todo, te dicen que hay centros privados, a lo que dices que tener un adicto en casa significa que la familia ha perdido miles de euros durante años tratando de solucionar los problemas derivados de las adicciones, familia con adicto es familia arruinada
Centros privados de unos 10.000€ al mes, la alternativa son los llamados pisos terapéuticos, unos pisos donde conviven los adictos con algún ex adicto que hace la función de monitor, es decir de dar la medicación que un psiquiatra ha recetado tras una breve visita semanal, los precios rondan los 3.000€ el primer mes.
Muchas familias cuando llega un punto que la convivencia se hace imposible, optan por pagar los alquileres de habitaciones a sus familiares adictos para no verlos en la calle.
Y cuando un adicto acaba en la cárcel lo que le espera es esto:
Cerca del 65% de los reclusos toman medicación psiquiátrica. En Picassent se contrató a un psiquiatra durante 6 meses para los 3.000 reclusos y ahora la atención psiquiátrica se realiza a través de consultores “a los que les es imposible llevar seguimiento”. Además, los pocos médicos que hay no están especializados en salud mental, apunta el texto. “El equipo médico está colapsado y no puede llevar a cabo una función de filtro previa a la visita del psiquiatra”, indica.
Los datos que subraya el informe llevan a considerar los centros penitenciarios como un espacio en el que almacenar a los residuos humanos, un agujero en los derechos. “Las prisiones se han convertido en los psiquiátricos del siglo XXI y en un fracaso del sistema de salud mental, la sociedad en general no da cabida a las personas con diagnóstico de salud mental y adicción, de manera que la gran mayoría, cuando no tienen un entorno favorable, acaban en prisión”, denunciaba Vilalta.
Desde el punto de vista clínico, las autoras recalcan la relación entre patología dual y prisión, subrayando que los delitos y la reincidencia están “más relacionados con el trastorno por adicción que con la psicopatología en sí”. (2)
Pero también hay una noticia positiva:
La Generalitat pone en marcha el Plan de Acción en Salud Mental con 40 millones de euros para 2023 y acciones surgidas de la participación ciudadana que se desarrollarán hasta 2026
Un interesante artículo de Alberto Olmos
La victoria del narco: hace 10 años que las drogas son buenas
La falta de agresividad institucional contra las drogas da a entender que son mucho menos malas que la bollería industrial
La última campaña contra las drogas en España fue en el año 2012.
